Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2011), Vol. 3, Nº 2, pp. 145-169
ISSN 1989-4570Cesáreo Gutiérrez Espada - Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Universidad de MurciaRecibido: 20.08.2011 / Aceptado: 23.08.2011Resumen: España ha decidido adherirse a la Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes. Pese a que este tratado no ha entrado en vigor todavía constituye ya el marco jurídico internacional de referencia en materia de inmunidad de jurisdicción y de ejecución del Estado.
La Convención parte de una concepción restringida de la inmunidad (de jurisdicción y de ejecución),
previendo una lista de procesos en los que la inmunidad del Estado no puede hacerse valer.
La Convención de las Naciones Unidas pretende ser el régimen jurídico universal en este ámbito,
aunque no ha afrontado lo que hoy es seguramente una de las cuestiones claves en el tema: la relación entre la inmunidad soberana del Estado y el respeto a las normas imperativas de Derecho Internacional (ius cogens).Palabras clave: Convenio de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y sus bienes, Derecho español e inmunidad de jurisdicción y ejecución, inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución, excepciones a la inmunidad de jurisdicción, excepciones a la inmunidad de ejecución, inmunidad de jurisdicción e ius cogens.Sumario: I. Introducción. II. El Derecho español sobre la inmunidad de jurisdicción y de
ejecución de los Estados extranjeros. III. La Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y sus bienes:
1. Génesis.
2. La inmunidad jurisdiccional del Estado: A) Inmunidad restringida o relativa. B) Las «excepciones».
3. La inmunidad de ejecución.
4. Disposiciones procesales sobre la inmunidad del Estado.
5. Las cláusulas finales.
6. Ámbitos excluidos de la Convención. IV. ¿Qué supone pues para nuestro Derecho nuestra incorporación a este tratado?. V. A modo de conclusión: la Convención, en todo caso, no resuelve ciertas cuestiones actualmente claves en el tema de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados.
