Un minero más sí importa: nuevas y viejas fronteras de la minería informal en el Perú

La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) en el país está asociada con la informalidad e ilegalidad. Esta actividad comparte las siguientes características: explota recursos naturales que son de toda la nación, provoca una contaminación ambiental, la necesidad de redistribuir los recursos, y en su gobernanza están involucrados diferentes niveles de gobierno y entidades. Hasta ahora, los esfuerzos del Estado se han dirigido a promulgar numerosas normas para formalizarla —15, solo entre leyes, decretos legislativos y decretos supremos—, sin haber estimado aún el número de ciudadanos que se dedica a ella, un cálculo imprescindible para asegurar el éxito de la política de formalización minera. En este trabajo, desde una perspectiva multidisciplinaria, calculamos precisamente el número de mineros informales y, además, los caracterizamos y ubicamos territorialmente. Asimismo, explicamos las normas que se han emitido en este siglo para su formalización y presentamos varias hipótesis sobre el contexto político-institucional en el cual se han llevado a cabo estos esfuerzos normativos y su implementación. La investigación nos lleva a concluir que el número de mineros informales al año 2017 es bastante más reducido que el medio millón comúnmente señalado por las autoridades: no llega sino a poco más de cincuenta mil, una cifra que es 21% menor que la del año 2007. Además, hemos encontrado que en comparación con los mineros formales, los informales tienen un menor nivel de educación, son más jóvenes y hay una mayor participación de mujeres. Más aún, hemos hallado que la minería informal se ha expandido a más distritos durante el periodo intercensal IEP Documento de Trabajo 272 Un minero más si importa: nuevas y viejas fronteras de la minería informal en el Perú 7 2007-2017, lugares que ahora tienden a ser mineros y mucho menos agropecuarios. De esta forma, a través de este estudio logramos identificar 247 nuevos distritos mineros en el país. Por otro lado, a pesar de todas las normas promulgadas, encontramos que esta legislación no ha venido acompañada de un aumento de recursos públicos para poder aplicarlas, y que se ha concentrado más en la interdicción de la minería ilegal que en la formalización minera. La evidencia muestra que el gasto público acumulado 2008-2018 ascendió a S/ 254 millones, de los cuales solo un 25% se asignó a las acciones de formalización y todo el resto a combatir la minería ilegal. Tampoco se ha fortalecido la capacidad de las autoridades regionales a cargo de la formalización, ni institucionalizado los mecanismos de articulación entre las entidades involucradas. Como resultado, el proceso de formalización minera no ha logrado el éxito esperado.