Violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas. Reporte nacional (Perú)

Las niñas y jóvenes indígenas son un colectivo marcado por diversas brechas que se entrecruzan, generando amplias y complejas desigualdades que las ubica en una posición de desventaja y vulnerabilidad. Para el presente estudio, se indaga y analiza la situación de la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas, con especial énfasis en los departamentos de Ayacucho, Junín, Pasco, Puno y Ucayali. Resulta fundamental visibilizar la incidencia de los embarazos forzados, ya que vulneran los derechos fundamentales de esta población, así como, evidenciar los múltiples efectos en la salud, educación y en la construcción de proyectos de vida de las niñas y jóvenes. Entre las posibles consecuencias está el mayor riesgo durante el embarazo y el parto, la deserción escolar que afecta las trayectorias educativas, el aumento del riesgo de explotación y abuso sexual y doméstico, entre otras (CLADEM 2016, Oliart 2008). La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes “es toda conducta de connotación sexual realizada por cualquier persona, aprovechando la condición de especial vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes, aprovechando su cargo o posición de poder sobre las mismas, afectando su indemnidad sexual, integridad física o emocional, así como la libertad sexual de acuerdo a lo establecido por el Código Penal y la jurisprudencia de la materia” (MINSA 2020: 9). Puede consistir en actos con contacto físico o sin contacto físico, como también la explotación sexual y pornografía (Dirección General de Niñas, Niños y Adolescente-MIMP). No es necesario que medie violencia o amenaza para considerar la existencia de violencia sexual (MINSA 2020: 9). Las niñas y adolescentes son particularmente propensas a sufrir este tipo de violencia. En el año 2019, se reportaron más de 370 denuncias por violación sexual a mujeres indígenas, siendo el 70% de los casos referentes a niñas y adolescentes (Defensoría del Pueblo 2019). Esta situación no es únicamente nacional, pues la UNFPA señala que América Latina y el Caribe es la única región donde los partos de niñas menores de 14 años aumentaron y se estima que sigan aumentando hasta el 2030 (UNFPA 2013). En nuestro país, en el 2017 se registraron 5013 casos de niñas madres (12- 14 años), de las cuales, 570 eran indígenas (INEI 2019). La tasa de crecimiento promedio de maternidad infantil forzada entre el 2012- 2020, fue de 29% (MINSA). Diversos estudios identifican que los embarazos infantiles, suelen ser por violencia sexual lo cual es un delito; no obstante, no es un tema prioritario ni visibilizado en la agenda 8 pública. Asimismo, se encuentran dificultades para obtener información confiable y oportuna sobre violencia sexual en población indígena debido a que las encuestas nacionales y programas de prevención y atención de la violencia no contemplan la variable de identificación étnica ni estas están adecuadas culturalmente. En por ello que se emplean diversas estrategias metodológicas para abordar un tema complejo, desafiante y poco estudiado en el país. En un primer momento, se examinan investigaciones para dar cuenta de las permanencias y transformaciones sociales, culturales y económicas en el espacio rural y las comunidades indígenas, mostrando el escenario donde ocurren estas violencias. En primer lugar, observamos que entre los factores que posibilitan situaciones de desprotección e impunidad están las inequidades de género que reproducen roles y mandatos en las niñas y jóvenes indígenas; la discriminación y apropiación del cuerpo de las mujeres; la insuficiente implementación de la educación sexual integral (ESI); la ausencia del enfoque intercultural en la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR); los obstáculos para denunciar en la justicia ordinaria y consuetudinaria y el poco conocimiento de las necesidades y aspiraciones de las niñas y jóvenes. Segundo, se analizan las bases de datos del Estado disponibles con el fin de identificar los indicadores de salud sexual y salud reproductiva, embarazo forzado y violencia sexual. Se evidencian la información, el acceso a métodos anticonceptivos (MAC’s), servicios de salud, educación y justicia de las niñas y jóvenes indígenas, así como se visibiliza el incremento del embarazo infantil y la violencia sexual. Tercero, se describen y analizan las percepciones, experiencias y demandas de jóvenes indígenas sobre las vivencias de la sexualidad, el acceso y calidad en la atención de los servicios de salud y educación y las dificultades que encuentran para garantizar el acceso a la justicia. Cuarto, se sistematiza la normativa nacional referida a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y jóvenes, el embarazo infantil y adolescente y la incidencia de la violencia sexual en mujeres indígenas. Se precisan las acciones realizadas desde los distintos sectores y niveles de gobierno en el 2019 y 2020, también, los desafíos y deficiencias para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y pertinentes culturalmente. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de política con el fin de contribuir en la visibilización de la violencia sexual y embarazo forzado, así como de brindar herramientas y orientaciones para prevenir, reducir y atender dichas problemáticas.